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Responsabilidad patrimonial

Las Administraciones públicas tienen la obligación de indemnizar por toda lesión que causen en cualquiera de los bienes y derechos de los particulares, sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. De la misma forma, los contratistas y concesionarios de las Administraciones Públicas deberán indemnizar los daños que causen a los particulares.

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